La Justicia investigará el acuerdo stand-by por US$57.000 millones entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para determinar si desde la administración de Mauricio Macri se propició una disparada del dólar y devaluación luego de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto pasado.
La fiscal federal Paloma Ochoa pidió investigar los desembolsos aprobados por el organismo de crédito internacional. Tras el requerimiento que hizo la fiscal con varias medidas de prueba, ahora es el juez federal Rodolfo Canicoba Corral quien se apresta a definir el destino de la investigación.
Entre las medidas que solicitó la Fiscalía se encuentra el otorgamiento por parte del Ministerio de Hacienda de una copia de los acuerdos hechos desde 2018, además que se informe sobre reuniones entre el personal del FMI y el Gobierno.
Ochoa también pidió que la Jefatura de Gabinete entregue los registros de ingresos y salidas de la Casa Rosada y del Banco Central correspondientes al lunes 12 de agosto, el día siguiente de las elecciones primarias y cuando comenzó el alza del dólar.
Otra de las medidas de prueba que evalúa el juez tras el pedido fiscal es saber, de acuerdo a datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el detalle de cada una de las operaciones efectuadas en el mercado mayorista de cambios ese 12 de agosto.
La denuncia que originó la causa la realizó Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, al considerar que al día siguiente de las PASO hubo “una suba indefinida del dólar”, frente a la cual el BCRA se comportó de modo “anormal, extraño e inusual” por no intervenir en el mercado de cambios.
“El BCRA estaba corrido de la mesa de operaciones con total claridad y el tipo de cambio tuvo una suba abrupta”, aseguró el denunciante.
