Una de las casas que tienen los Kirchner fue usurpada y robada, y Máximo Kirchner, hijo mayor de la actual vicepresidenta, pidió que la Justicia se haga cargo de lo ocurrido.
Este inmueble junto con otras 25 propiedades más, integran un condominio de Máximo y Florencia Kirchner, pero el mismo se encuentra bajo intervención judicial en una causa por lavado de dinero.
Por su parte, el Tribunal Oral Federal 5 no le entregó el manejo de la casa a los Kirchner, sino sólo el permiso para su uso con algunas exigencias. A consecuencia del gran deterioro que dejó el último inquilino, el Tribunal 5 había ordenado a la interventora, Raquel Moyano, que se realicen las reparaciones necesarias.
Con la llegada de la pandemia, se imposibilitaron los trabajos de restauración y en las últimas semanas, “se registró un ingreso forzoso a la propiedad”, fue así que la defensa de Máximo denunció a la interventora por no haber cuidado la casa.
La propiedad ubicada en Río Gallegos y se encuentra dentro de las 26 propiedades que conformaron en su momento la sucesión del ex presidente. Entonces, cuando ese proceso concluyó, se creó el Condominio Máximo y Florencia Kirchner. Para entonces, la actual vicepresidenta de la Nación había cedido en partes iguales todos sus bienes a sus hijos.
En el marco de las causas judiciales, en junio de 2017 se nombró como interventora a Raquel Moyano. Pero su manejo derivó en múltiples reclamos por parte de la defensa de la familia, porque algunos inmuebles no lograron alquilarse como por ejemplo, el departamento que usaba Cristóbal López en Puerto Madero, y algunos hoteles que aún se mantienen cerrados.
Además, la interventora Moyano informó que la casa muestra un “estado deplorable, producto de las actitudes propias de incivilidad del ex locatario, rayanas con lo delictual”. Con un total de 31 fotos expusieron el daño que el inquilino realizó sobre aquella propiedad.
Según se conoció, esa propiedad en lo formal contaba con un inquilino, pero en la realidad había quedado prácticamente “usurpada”. Nunca se pagaba el alquiler y después de un reclamo judicial se consiguió la orden de desalojo.
La interventora informó, a través de un escrito, que contrató una nueva empresa, la cual ya había hecho tareas en algunos inmuebles de los Kirchner en El Calafate, pero con la llegada de la cuarentena se generaron nuevas dificultades: “Nos informaron que al arribar a Río Gallegos, debían cumplir un período de aislamiento obligatorio de 14 días; razón por la cual, de momento la suscrita resolvió suspender dichos trabajos”.
Inesperadamente, se sumó otro problema: pese a estar tapiada la vivienda, hubo un ingreso forzoso, el mismo se denunció en la comisaría de la capital santacruceña y devino en otra causa judicial. Como consecuencia, este ingreso produjo aún más daños en la casa.
Fue así, que la defensa de Máximo se opuso a aceptar el inmueble sin las refacciones correspondientes y en un escrito presentado se indicó, que “no resulta posible aceptar la devolución del inmueble sito en la calle 25 de mayo en el estado ruinoso en que se encuentra”.
