Tras el femicidio de Úrsula, un grupo de diputadas presentó este jueves un proyecto para que vayan presos los funcionarios de la Justicia que demoren medidas por violencia de género.
Se trató de la diputada del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Legislación penal, Carolina Gaillard; quien presentó el proyecto en conjunto con un grupo de colegas. Dicho proyecto buscaría modificar el Código Penal para que puedan ir presos los funcionarios judiciales que demoren las medidas.
“Ha vuelto a hacer visible la problemática de la violencia de género” Aquí se puede ver claramente el incumplimiento de deberes de funcionario público, tanto policial como judicial, la nula evaluación de riesgo y/o peligro para las mujeres, y una completa falta de empatía por sus vidas”; señaló Gaillard en el proyecto a causa del reciente feminicidio.
El proyecto lleva las firmas de las diputadas Mónica Macha, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Jimena López; Victoria Rosso, Gisela Marziotta, Lucía Corpacci, Blanca Osuna, Mayda Cresto, Melina Delu, Graciela Landriscini; Estela Hernández, María Rosa Muñoz, María Rosa Martínez, Alcira Figueroa, Melina Delu, Graciela Parola; Estela Hernández, Paola Vessvessian, Liliana Swindt, Nancy Sand, Mabel Caparros, Beba Soria, María Luisa Montoto y Nelly Daldovo.
El proyecto
Este proyecto establece sanciones de prisión para funcionarios que demoren o frenen la disposición de medidas de prevención; las cuales aplicarían también a los agresores que incumplan las restricciones que haya determinado la Justicia. Así, el proyecto agrega que:
“Sabemos que no todos los casos son iguales, y que no se puede realizar una modificación legal para cada caso. Pero observando el comportamiento de los servicios que debieran proteger a las mujeres, y no lo hacen, debemos avanzar más sobre sus acciones ya que el deber ser de sus funciones no tienen impacto en la realidad”.
Así, esta iniciativa busca resolver una dilación que se produce en las causas que se tramitan por denuncias de violencia de género; con el fin de que se puedan procesar y dar respuesta con mayor rapidez.
¿De cuánto sería la pena de prisión?
La legisladora propone la sanción ante casos de “desobediencia” del agresor, cuando esta ocurra ante una resolución judicial cuyo objeto objeto fuera salvaguardar la integridad física; psíquica o sexual de una persona.
Por lo que, en el marco de un proceso en el que existiera una denuncia efectuada por violencia de género; o violencia familiar, la pena de prisión serán de entre 3 y 5 años de cárcel.
Además, el proyecto incluye un párrafo en el artículo 249 del Código Penal – Ley 11.179 en el que establece que quien se resista o desobedezca a un funcionario público en el ejercicio legítimos e sus funciones, se reprimirá con prisión de 15 días a un año. Lo mismo sucederá en el caso de que se trata de una persona que preste su asistencia.
Lo que significa que se reprimirá con una pena “de uno a seis años” al el juez o jueza que incurriera “en las conductas precedentes”. Asimismo, se aplicará la pena a quien “demore en forma maliciosa la adopción de medidas de protección de la víctima después de haber sido requerido por las partes, y de vencidos los términos legales”.
