Provincia: Suspendieron la implementación de la jornada completa en al menos 60 colegios

Denisse Helman

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires decidió posponer el inicio del programa de Jornada Completa en 60 escuelas de 31 distritos bonaerenses. Este retraso, anunciado por el titular de la cartera, Alberto Sileoni, se atribuye a la retirada del financiamiento por parte del Gobierno nacional, lo que generó incertidumbre en el proceso de implementación.

La medida, reflejada en la Resolución 259/2024, establece una suspensión temporal hasta que la Tesorería General de la Nación realice las transferencias correspondientes de los fondos comprometidos a través de un convenio específico.

Este aplazamiento ha suscitado preocupación entre la comunidad educativa y los padres de los estudiantes, ya que la Jornada Completa es un programa crucial que busca mejorar la calidad educativa y el bienestar de los alumnos, ofreciendo un ambiente escolar enriquecido con actividades extracurriculares y apoyo académico.

Incertidumbre para autoridades educativas provinciales

En el documento, se resalta que el compromiso del Gobierno nacional, establecido en un convenio firmado en 2022 entre el entonces Ministerio de Educación de la Nación (ahora Secretaría) y las carteras provinciales, incluía contribuir con el financiamiento completo de la diferencia de los salarios brutos de docentes y equipos directivos necesarios para implementar la extensión horaria en las escuelas, durante un lapso de cinco años.

Sin embargo, hasta el momento, no se recibió información por parte del Gobierno nacional sobre el destino de políticas educativas que dependen de su financiamiento, como el Programa Tripartito de Infraestructura escolar, el Programa hacia la universalización de la jornada completa o extendida, Conectar Igualdad, Educación Técnica, Formación Docente, Educación Sexual Integral, entre otros.

Es por eso que desde el sector resaltan que, la falta de claridad respecto al futuro de las políticas educativas financiadas por el Gobierno nacional genera incertidumbre en las autoridades educativas provinciales, quienes esperan una comunicación oficial para poder planificar y ejecutar las acciones correspondientes.

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