Argentina deberá abonar USD 337 millones en Londres como resultado de la manipulación de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante la gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La manipulación de datos estadísticos durante el período comprendido entre 2007 y 2015 continúa teniendo repercusiones en la economía argentina, llevando al Gobierno a enfrentar consecuencias legales significativas en el ámbito internacional. En este sentido, un tribunal británico dictaminó que Argentina debe abonar una suma de USD 337 millones por los daños causados por la distorsión de las estadísticas públicas durante el mandato del kirchnerismo. A pesar de los argumentos presentados por los abogados argentinos, quienes afirmaron que dicho pago tendría un impacto negativo en la economía del país, la justicia británica consideró que este monto es necesario para reparar los perjuicios ocasionados.
Esta decisión legal refleja la gravedad de las prácticas de manipulación de datos durante la gestión gubernamental anterior y subraya la importancia de la transparencia en las estadísticas económicas para el funcionamiento adecuado de los mercados financieros internacionales. El fallo del tribunal en Gran Bretaña representa un hito significativo en el proceso de rendición de cuentas por parte de Argentina en relación con las prácticas cuestionables del pasado en materia estadística y destaca la necesidad de adoptar medidas para restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales y económicas del país.
¿Qué ordena el fallo?
El fallo del Tribunal de Apelación de Londres ordena a Argentina pagar una fianza significativa en respuesta a la demanda presentada por los fondos de cobertura, quienes reclaman una indemnización de 1.500 millones de dólares por pérdidas asociadas a valores vinculados al crecimiento económico del país. La decisión judicial obliga al Gobierno a abonar 310 millones de euros (aproximadamente 337 millones de dólares) antes de que se resuelva completamente el caso en cuestión. Esta determinación no solo representa un desafío financiero para Argentina, sino que también refleja la falta de persuasión por parte del juez sobre los argumentos presentados por el país en relación con los posibles daños que el juicio podría causar a la población argentina.
¿Cuáles fueron los argumentos del juez?
El juez Stephen Phillips expresó que, a pesar de comprender el impacto financiero adicional en una economía en dificultades, no quedó convencido por las pruebas ni los argumentos presentados sobre el daño irreparable a la población, lo que fundamentó su decisión.
Por otro lado, la situación financiera del banco central argentino, con pasivos superiores a los activos disponibles, conocida como reservas netas negativas, disminuye las expectativas de los inversores sobre la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones del PIB. Los abogados de los fondos de cobertura solicitaron el depósito, argumentando que Argentina probablemente no pagaría voluntariamente y buscaría obstaculizar y retrasar la ejecución.
La raíz de la disputa se remonta al incumplimiento de la deuda por parte del país en 2001 y los bonos ligados al PIB, que formaban parte de un programa de reestructuración, generaron la controversia después de que Argentina modificara el año base para calcular el crecimiento en 2013, durante la gestión ministerial de Axel Kicillof en el gobierno de Cristina Kirchner.
