El escenario político y judicial de Argentina ha sumado un capítulo determinante este 24 de marzo de 2026. En una reunión estratégica en la Quinta de Olivos, el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sentaron las bases para lo que será la reforma integral de la legislación penal más importante de los últimos cien años. Con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Gobierno decidió avanzar en un texto que unifique toda la normativa vigente y endurezca significativamente las penas.
Una estrategia en dos etapas: reformas urgentes y nuevo Código
La decisión oficial no se limita a un proyecto a largo plazo. Según fuentes del Ministerio de Justicia, la estrategia se divide en dos vías paralelas para dar respuesta inmediata a la demanda de seguridad:
- Redacción del Nuevo Código Penal: Un cuerpo normativo moderno que reemplazará al actual (que data de 1921) y reducirá la cantidad de artículos de los más de 900 actuales a aproximadamente 500, buscando mayor precisión técnica y menos margen de interpretación.
- Leyes de corto plazo: Mientras se debate la reforma estructural, el Ejecutivo enviará al Congreso un paquete de “leyes exprés” para tipificar delitos que hoy no tienen una sanción clara o que afectan la vida cotidiana de los argentinos.
Los nuevos delitos que se incorporan al sistema penal
El proyecto que revisaron Milei y Mahiques pone el foco en modalidades delictivas modernas y urbanas. El objetivo es que conductas que hoy entran en una “zona gris” judicial tengan penas de cumplimiento efectivo.
- Estafas piramidales y delitos tecnológicos: Ante el auge de los fraudes financieros digitales, se crearán figuras específicas para sancionar a los organizadores de esquemas Ponzi.
- “Viudas negras” y motochorros: Se tipificarán estas modalidades como agravantes específicos para evitar excarcelaciones rápidas.
- Salideras y entraderas bancarias: Se busca que la logística de estos robos sea castigada con la misma severidad que el hecho consumado.
- Armas en las cárceles: Se penalizará no solo la tenencia, sino también el ingreso o fabricación de armas dentro de establecimientos penitenciarios.
- Grooming y abuso sexual infantil: Habrá un endurecimiento drástico de las escalas penales, eliminando cualquier posibilidad de libertad condicional en estos casos.
- Picadas ilegales y daño animal: Se incorporan al Código Penal como delitos con penas de prisión, dejando de ser meras contravenciones en muchos casos.
El fin de la “puerta giratoria” y la imprescriptibilidad
Uno de los pilares de la reforma es la limitación de los beneficios procesales. El nuevo Código prevé un aumento de las penas mínimas, lo que obligará a que más delitos sean de cumplimiento efectivo de prisión. Asimismo, se ampliará el universo de delitos que no prescriben, incluyendo no solo los de lesa humanidad, sino también homicidios agravados y abusos sexuales graves, para que el paso del tiempo no sea una vía de impunidad.
En cuanto a figuras sensibles, el Gobierno ha decidido no tocar la actual legislación sobre el aborto para evitar que la discusión ideológica trabe el avance del Código en el Congreso. Sin embargo, se mantendrá y reforzará la figura del femicidio como agravante del homicidio.
Justicia y eficiencia: el sistema acusatorio
El ministro Mahiques también confirmó que esta reforma penal se complementa con la implementación del Código Procesal Penal Federal en todo el país. Este sistema “acusatorio” busca que los juicios sean más rápidos, orales y públicos, otorgando a los fiscales el rol central en la investigación y asegurando que las víctimas tengan un protagonismo real en el proceso.
El proyecto, que cuenta con el asesoramiento de una comisión de juristas y jueces como Mariano Borinsky y María Eugenia Capuchetti, comenzará su camino legislativo en las próximas semanas bajo la premisa de “tolerancia cero” y protección absoluta al ciudadano que cumple la ley.
