El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue autorizado por la Justicia argentina a visitar este a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien actualmente cumple prisión domiciliaria en su departamento ubicado en el barrio porteño de Monserrat. La autorización fue concedida por el juez federal Jorge Gorini, quien recordó que se mantiene vigente la obligación impuesta a la ex mandataria de no alterar la tranquilidad del vecindario.
Lula llegará al país para participar de la Cumbre del Mercosur y solicitó reunirse con Cristina Kirchner en el marco de su visita oficial. La defensa de la ex presidenta presentó el pedido formal ante el Tribunal Oral que lleva adelante la ejecución de la condena en la causa “Vialidad”.
La resolución judicial no estableció un horario ni un límite en la duración del encuentro. No obstante, el tribunal reiteró que deben respetarse las condiciones del arresto domiciliario, especialmente aquellas relacionadas con la convivencia pacífica del barrio.
Esta será la primera visita a Cristina Kirchner que requiere autorización judicial desde que se le concedió el arresto domiciliario. Según el régimen vigente, sólo familiares, médicos, custodios y abogados pueden ingresar al domicilio sin autorización previa. Cualquier otra visita debe ser solicitada y aprobada por el tribunal.
Los abogados de la ex presidenta, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, objetaron las restricciones impuestas al régimen de visitas y apelaron la medida. Sostienen que no existe normativa específica que limite las visitas durante una prisión domiciliaria, y que en la práctica judicial esas restricciones no se aplican en otros casos. La Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para el lunes a las 12 horas, donde escuchará los argumentos de las partes.
En paralelo, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron la decisión del arresto domiciliario. Solicitan que Cristina Kirchner cumpla la condena en una unidad penitenciaria o, en su defecto, que se disponga otro domicilio para su cumplimiento. Además, pidieron que no se le permita continuar con la tobillera electrónica como único dispositivo de control.
La causa continúa generando tensión política y judicial, en un contexto de alta sensibilidad institucional por la presencia de líderes regionales y el posicionamiento internacional del gobierno brasileño.
