El gobierno aseguró que hace falta una sentencia judicial para calificar que una toma de tierras es ilegal.
La postura oficial fue planteada por Santiago Cafiero, ante las consultas que le hicieron los senadores en el marco del informe de gestión que brindó esta semana el Jefe de Gabinete.
La postura del gobierno frente a la toma de tierras
El gobierno planteó que el déficit habitacional es un tema que debe ser estudiado desde un enfoque multidisciplinario y que las fuerzas policiales sólo pueden intervenir ante una orden judicial.
El criterio ya había sido expuesto por la ministra de Seguridad Sabina Frederic en diversos reportajes. Sin embargo, esta vez se incluyó un argumento nuevo: “Una vez que la situación se define como ‘toma de tierras’ mediante una sentencia firme emanada de autoridad judicial competente, es que estamos ante un acto ilegal”.
La definición adquiere relevancia en un momento donde se discute la toma de terrenos en varias zonas de la provincia de Buenos Aires, especialmente en el conurbano bonaerense.
Sobre el proceso
En Argentina, los procesos judiciales no suelen caracterizarse por su velocidad: hay casos que están abiertos varios años y terminan archivados sin una sentencia.
Un fallo “firme” requiere además que se hayan agotado todas las vías de apelación, lo que convierte el trámite en una experiencia eterna de acuerdo a los antecedentes jurisprudenciales en el país.
“Es una locura tener que esperar un fallo que puede demorar meses o años para sacar a alguien que está invadiendo mi propiedad, en este país los malhechores siempre están en ventaja. Es una cosa demencial”, expresaron desde la asociación Propietarios Usurpados de Argentina (PUA)
