Desde distintos municipios de la provincia de Buenos Aires comenzaron a multiplicarse las críticas y el rechazo a la propuesta impulsada por La Libertad Avanza que busca eliminar o reducir tasas municipales en gran parte del territorio bonaerense. La iniciativa, que ya generó un intenso debate político, provocó una reacción prácticamente unánime de intendentes y concejales de diferentes espacios que salieron a defender estos tributos como una herramienta clave para sostener los servicios locales.
La ofensiva libertaria apunta a modificar el esquema de financiamiento municipal. Si bien los municipios no pueden cobrar impuestos —atribución que corresponde al Estado nacional y provincial— sí perciben tasas, que en teoría se aplican como contraprestación por servicios como la recolección de residuos, el mantenimiento de caminos rurales o controles sanitarios.
Desde La Libertad Avanza sostienen que muchas de estas tasas se transformaron con el tiempo en una forma de recaudación sin una contraprestación clara para los vecinos. En ese marco, dirigentes del espacio impulsan la presentación simultánea de 138 proyectos para eliminar tasas y otros 120 para reducirlas en 116 municipios bonaerenses, bajo el lema “la libertad avanza, las tasas retroceden”.
El encargado de coordinar la estrategia es el diputado Sebastián Pareja, uno de los principales armadores políticos del espacio en la provincia y dirigente cercano a Karina Milei. La iniciativa también fue acompañada por el Gobierno nacional con la creación de un portal en el que se publican las tasas que cobra cada distrito y donde los vecinos pueden denunciar aquellas que consideren excesivas.
Entre los ejemplos mencionados por los libertarios aparecen casos que buscan instalar el concepto de “tasas sin sentido”. En Morón, por ejemplo, se menciona una tasa vinculada al COVID creada durante la pandemia que, según plantean, aún continúa cobrándose años después. También citan el caso de Carlos Tejedor, donde existe un tributo por movimiento de ganado que habría generado una recaudación millonaria, o una tasa en Cañuelas vinculada a la desinfección de taxis y remises.
Sin embargo, la iniciativa chocó rápidamente con la resistencia de intendentes de distintos signos políticos. Desde las administraciones locales advierten que las tasas representan uno de los principales recursos propios de los municipios, necesarios para financiar servicios que muchas veces deben sostener con recursos limitados.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó la ofensiva libertaria y la calificó como una “operación de distracción”, señalando que el verdadero peso de la carga impositiva proviene mayoritariamente de tributos nacionales. Según datos citados durante una conferencia oficial, las tasas municipales representarían apenas el 0,7% de la carga impositiva del sector agropecuario, mientras que más del 90% corresponde a impuestos nacionales.
La respuesta también llegó desde intendencias de diferentes espacios políticos. El jefe comunal de Chivilcoy, Guillermo Britos, fue uno de los más duros al advertir que “los 135 municipios van a rechazar este disparate”, y planteó que el debate debería centrarse en impuestos nacionales como las retenciones o el impuesto al cheque.
En la misma línea, el intendente radical de General Viamonte, Franco Flexas, cuestionó que la propuesta provenga de dirigentes que, según dijo, “no conocen la realidad de los municipios” y advirtió que cada distrito tiene estructuras fiscales diferentes.
Incluso dentro de sectores que en algunos distritos mantienen acuerdos políticos con el oficialismo nacional, como el PRO, surgieron críticas a la iniciativa. En algunos municipios gobernados por ese espacio señalaron que eliminar tasas sin un esquema alternativo de financiamiento podría afectar la prestación de servicios básicos.
Aunque el espacio libertario tiene escasa representación en muchos concejos deliberantes —lo que dificulta que los proyectos prosperen— la discusión ya quedó instalada en la agenda política bonaerense. Para varios analistas, el objetivo central de la estrategia sería abrir un debate público sobre el sistema de tasas municipales y obligar a los gobiernos locales a explicar y defender estos tributos ante los vecinos.
