Un informe reciente del Instituto Malbrán confirmó una tragedia sanitaria de dimensiones alarmantes: al menos 33 personas murieron en distintos puntos del país tras recibir fentanilo contaminado, un poderoso analgésico de uso hospitalario. Las víctimas, en su mayoría internadas en terapia intensiva o bajo asistencia respiratoria mecánica, fueron expuestas a bacterias letales que ingresaron a sus organismos por vías clínicas.
El hospital más afectado por la emergencia es el Hospital Italiano de La Plata, donde se contabilizan 15 fallecimientos, uno más de los que se conocían hasta la semana pasada. Le siguen, en gravedad, el Sanatorio Parque de Rosario con 9 muertes, el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de la misma ciudad con 6, el Hospital Cullen de Santa Fe con 1, el Sanatorio Dupuytren de CABA con otro fallecido y el Hospital Italiano de Rosario, con 1 víctima más.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ya ordenó el retiro inmediato del fentanilo contaminado del mercado y suspendió de manera preventiva a HLB Pharma Group, el laboratorio fabricante, junto a su socio coproductor, Laboratorio Ramallo.
Según los análisis microbiológicos realizados por el Malbrán, las ampollas del fármaco estaban contaminadas con Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae, dos bacterias de alta resistencia que provocaron infecciones severas en pacientes que, en muchos casos, ya se encontraban clínicamente comprometidos.
La investigación judicial, impulsada por el juez federal Ernesto Kreplak, avanza en múltiples frentes. En las últimas semanas se realizaron allanamientos a droguerías sospechadas de haber distribuido el lote contaminado, en especial a Nueva Era, señalada por su posible rol clave en la cadena de distribución. El magistrado también solicitó informes a todos los ministerios de Salud provinciales para detectar posibles casos compatibles desde el 1° de abril.
Uno de los ejes más sensibles de la pesquisa apunta a un posible sabotaje interno dentro de HLB Pharma. Sus propios directivos denunciaron que se habrían destruido documentos clave en el área de Garantía de Calidad del laboratorio, lo que complica aún más el panorama y abre la puerta a una hipótesis que hasta hace semanas parecía impensable.
La magnitud del escándalo obligó al Ministerio de Salud de la Nación a emitir alertas en al menos siete provincias, donde también se hallaron dosis del fármaco en centros de salud públicos y privados: además de Buenos Aires y Santa Fe, se incluyen Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Chaco y Tucumán.
Mientras el sistema sanitario intenta contener la situación, familias de las víctimas exigen respuestas y justicia, en un caso que expone con crudeza las fallas estructurales en los controles sobre medicamentos críticos en el país.
