El expresidente Alberto Fernández firmó un decreto poco antes de entregar el poder, que modifica las normativas de la Casa Militar, extendiendo la custodia a nivel global para todos los exjefes de Estado. Hasta el momento la vigilancia estaba limitada a eventos dentro del país.
A pocas horas de finalizar su mandato, Alberto Fernández firmó un decreto que garantiza la custodia permanente de los exmandatarios en todo el mundo de manera vitalicia. Según lo establecido en el último Boletín Oficial publicado el sábado, el decreto abarca la seguridad del presidente saliente, el vicepresidente, los exmandatarios y sus familiares directos, así como la seguridad de la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del presidente y su familia.
¿Que establece el decreto?
El artículo 14 de este nuevo decreto establece que los efectivos de la Policía Federal Argentina asignados a la División Custodia Presidencial, División Custodia Vicepresidencial y Unidad Custodia Exmandatarios actuarán bajo control operacional de la Casa Militar, a través de la Agrupación Seguridad e Inteligencia. La implementación de esta nueva ordenanza coincide con los planes de Fernández de residir fuera del territorio argentino. Sin embargo, dado que se trata de un decreto, el presidente Milei podría dejarlo sin efecto con una norma similar en el futuro.
Es importante destacar que los exmandatarios tienen la opción de renunciar a la custodia, una posibilidad que no está permitida durante el ejercicio de sus funciones. Por otro lado, también tienen la facultad de incrementarla, como es el caso de CFK, quien siempre contó con un contingente de al menos 10 policías a su alrededor.
Más decretos firmados el último día
En su último día de mandato, Alberto Fernández emitió también, un decreto que concede a la asociación civil CADRA la autoridad para cobrar un canon por las fotocopias o digitalizaciones realizadas por profesorados, bibliotecas y universidades para sus estudiantes. Este decreto, previamente anunciado en septiembre y suspendido debido a intensas protestas, revivió el debate sobre los derechos de autor y el acceso a la educación.
Con el decreto recién firmado, CADRA expande su alcance a nivel nacional, obteniendo la “legitimación exclusiva judicial y administrativa” para la defensa de los derechos intelectuales en reproducciones analógicas y digitales.
El decreto establece excepciones al pago del canon para bibliotecas públicas y populares, archivos y museos. Además, las universidades públicas y las instituciones representativas de colectivos económicamente desfavorecidos podrán solicitar al Ministerio de Cultura la reducción o exención del pago, demostrando que este compromete el acceso al material educativo y de investigación para la población usuaria. Las críticas a esta medida se suman a las expresadas en septiembre pasado, especialmente por parte de la Asociación de Bibliotecarios.
