El Gobierno Nacional envió al Senado el pliego del actual juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, a cargo de una las causas más resonantes del país que investiga el espionaje ilegal durante la administración de Mauricio Macri, para ocupar el Juzgado Federal 1 de La Plata, que además de entender en materia penal tiene competencia electoral sobre la provincia de Buenos Aires, el distrito numéricamente más importante del país que es un factor clave para cualquier elección.
El Juzgado Electoral, que tiene potestad sobre la designación de listas, los pedidos de impugnación y las investigaciones por posibles fraudes en los comicios, se encuentra vacante desde la muerte del juez Manuel Humberto Blanco en 2014. En la actualidad es ocupado provisionalmente por la jueza María Servini.
En la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, en 2019 Ramos Padilla quedó en primer lugar en la orden de mérito para cubrir ese cargo, pero su nombramiento fue resistido por el macrismo, que lo consideraba un juez enemigo de sus intereses.
En octubre pasado, Ramos Padilla avanzó en la causa por espionaje ilegal y extorsión ampliando el procesamiento a D´Alessio, al fiscal federal porteño Carlos Stornelli y al periodista de Clarín Daniel Santoro, disponiendo el inicio de los trámites para pasar al juicio oral. El fallo de 1125 páginas acusa a Stornelli de coautor de tentativa de extorsión cometida “en el marco de una asociación ilícita paraestatal dedicada al espionaje ilegal”, en violación a la Ley de Inteligencia, ordenándole la entrega de su pasaporte y fijándole una caución real por diez millones de pesos.
Ramos Padilla juró como juez federal de Dolores el 30 de septiembre de 2011. Ese día lo acompañó y le regaló un pañuelo María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y de la Asociación Anahí. Ramos Padilla fue su abogado en los juicios contra Miguel Osvaldo Etchecolatz y Christian Von Wernich.
Fue juez subrogante también en el juzgado federal de Bahía Blanca, desde donde declaró en rebeldía a Néstor Montezanti, juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca, a quien Mauricio Macri le aceptó la renuncia para que esquivara una destitución por su supuesta vinculación con la Triple A.
Como juez de Dolores, declaró inconstitucionales las designaciones en comisión de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti para la Corte, lo que rápidamente le garantizó la antipatía del gobierno de Macri.
Desde el año pasado investiga una asociación ilícita paraestatal que lo llevó a procesar, entre otros, al falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio y al fiscal federal Carlos Stornelli. Esa investigación le valió que el macrismo pidiera su juicio político.
