La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó hoy que el juez Alejo Ramos Padilla siga al frente del caso D’Alessio en donde se analiza una red de espionaje político judicial. Resolvió que continúe “provisionalmente” porque es el juez que inició el expediente y “frente al embrionario estado del proceso en curso”.
La decisión fue tomada hoy los jueces Eduardo Jiménez, Bernardo Bibel y Alejandro Tazza, quienes rechazaron el pedido de la fiscalía para que la causa se fuera a lo tribunales de Comodoro Py.
Hacia los tribunales de Retiro también había pedido que fuera la defensa del fiscal Carlos Stornelli. Pero los querellantes, muchos de ellos imputados en causas contra el kirchnerismo, reclamaban que el caso siguiera en Dolores.
Hubo muchos rumores sobre lo que iba a ocurrir: se sostuvo que se iba todo directamente para Comodoro Py, después que el caso podía desguazarse y en los últimos días cobró fuerza la versión de que Ramos Padilla continuaría al frente del caso. Las partes que perdieron pueden reclamar a la Cámara Federal de Casación Penal una revisión de la decisión. Allí interviene la Sala II de la máximo tribunal.
El caso comenzó a mediados de enero cuando el empresario Pedro Etchebest aseguró que el falso abogado Marcelo D’Alessio le había avisado que había sido imputado por un arrepentido en la causa de los cuadernos, pero que podía ayudarlo mediante el pago de 300 mil dólares.
El pedido inicial del dinero y el parte del pago se concretaron en la Capital Federal; ese era uno de los puntos a través de los cuales se cuestionaba la competencia de Dolores en el caso.
Ramos Padilla inició una investigación por una extorsión que, con el allanamiento a la casa de D’Alessio, viró en otra cosa cuando se encontraron armas, equipos de comunicaciones y una seguidilla de carpetas y documentos que daban cuenta de una red de espionaje de alcance político, periodístico, empresario y judicial. Así lo detalló las dos veces que fue al Congreso a dar detalles de su investigación (una frente a la Comisión de Libertad de Expresión -frente a diputados opositores- y otra a puertas cerradas ante la Comisión Bicameral de Seguimiento a los organismos de inteligencia).
Por el caso de Dolores terminaron presos D’Alessio, los ex comisarios Ricardo Bogoliuk y Anibal Degastaldi y un ex espía de la SIDE Rolando Barreiro, a quienes se consideró miembros de la asociación ilícita. También fue indagado Juan Bidone, el fiscal de Mercedes que investigó el Triple Crimen de General Rodríguez y cuya firma permitió pedir los datos migratorios de Etchebest para poder extorsionarlo (como si efectivamente se hubieran ordenado en la causa de los cuadernos).
Ramos Padilla siguió avanzando en la causa en donde se detectó que D’Alessio tenía informes sobre terrroristas, políticos correntinos, la banda de los Monos en Rosario o los movimientros migratorios de dos jueces de la Corte Suprema.
También se presentó como querellante la ex abogada de Leonardo Fariña, Giselle Robles, para denunciar que la declaración de su ex cliente en la causa de la ruta del dinero k podría haber sido guionada. Sin embargo, esa abogada terminó ahora imputada junto a otra segunda letrada que confesó haber cobrado dinero para el asesoramiento a Fariña. Las derivaciones que el caso D’Alessio puede disparar siguen abiertos.
En ese marco, el fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata dispuso ahora que la investigación siga “provisoriamente” a cargo de Ramos Padilla, “por ser el juez que ha prevenido en estas actuaciones (art. 38 del CPPN), en razón a que -de momento- su incompetencia devendría prematura en virtud del estado embrionario de la investigación en curso y no contarse con el análisis de todos los elementos de juicio relevantes para precisar debidamente el contorno delictivo investigado (conforme lo afirmado por el magistrado de grado y las partes querellantes)”.
La Cámara Federal sostuvo que ahora Ramos Padilla deberá “disponer con la celeridad que el caso impone la realización de todas aquellas medidas procesales pendientes tendientes a una integral determinación de los hechos que constituyen el objeto del proceso, y asignar el encuadre jurídico en los términos típicos que correspondan”.
