Un grupo de diputados nacionales, entre ellos Gerardo Milman (Pro) y Lilia Lemoine y Carlos Zapata (La Libertad Avanza), han puesto en marcha un proyecto de ley que propone modificaciones significativas a la actual Ley de Identidad de Género. Este proyecto busca limitar el uso de recursos estatales para tratamientos de cambio de género, generando un amplio debate social y político.
¿Qué propone el nuevo proyecto de ley sobre la identidad de género?
La iniciativa estipula que los tratamientos de cambio de género, que incluyen intervenciones hormonales y quirúrgicas, no podrán ser financiados por programas públicos como el Plan Médico Obligatorio (PMO) o cualquier obra social. En palabras de Milman, “el Estado no debe financiar, promover ni imponer la identidad de género en las personas”.
Aunque el legislador aseguró que el proyecto no busca limitar la libertad individual ni el derecho a la autoidentificación de género, subrayó la necesidad de que estas decisiones respeten “la neutralidad ideológica del Estado” y no generen “agresión fiscal hacia los contribuyentes”. Este enfoque busca garantizar que el individuo tenga soberanía sobre su cuerpo, en un marco que respete las normas jurídicas vigentes.
Restricciones para menores y sus implicancias legales
El proyecto establece que los menores de edad no podrán acceder a cirugías de reasignación de sexo, salvo que cuenten con el consentimiento de ambos padres y la evaluación de profesionales independientes. Milman argumentó: “El Estado no puede reemplazar a las familias ni promover decisiones irreversibles en chicos que están en pleno desarrollo”.
Además, el diputado enfatizó que el Estado no debe intervenir condicionando a terceros para financiar decisiones personales sobre la identidad de género. “Los padres deben dar su autorización y consultar con los profesionales correspondientes si el deseo de su hijo/a es real”, expresó en su cuenta de X (ex Twitter).
La historia de la Ley de Identidad de Género en Argentina
La Ley de Identidad de Género, que se encuentra vigente desde mayo de 2012, fue pionera a nivel mundial en reconocer el derecho a la identidad autopercibida. Su implementación marcó un hito en la lucha por los derechos de las personas trans en el país y en la región.
El nuevo proyecto de ley busca introducir un cambio radical en este paradigma, generando expectativas de reacciones y debates en diversos sectores de la sociedad. Las discusiones sobre la financiación estatal de tratamientos de cambio de género se intensifican, mientras se espera el próximo avance legislativo relacionado con esta propuesta.
