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Denunciarán penalmente las irregularidades en salud durante la gestión de Macri


A través de la resolución Nº 1039/2021, publicada este martes en el Boletín Oficial y con fecha del 16 de abril, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, insta a la Dirección de Asuntos Judiciales a:

“formular denuncia penal por la posible comisión de delito en perjuicio de la Administración Pública” contra la ex Secretaría de Salud, dirigida entonces por Adolfo Rubinstein, que era parte del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, conducido por Carolina Stanley.

La ministra pidió la intervención de la justicia por las licitaciones a la firma MR Pharma S.A por 17.881.5000 pesos. Se trata de dos pagos adicionales a lo acordado, que fueron realizados como una actualización por la inflación y la devaluación del peso durante la primera mitad de 2018. La resolución asegura que hubo errores e inconsistencias en el trámite administrativo.

Los detalles de la acusación

La resolución asegura que ese monto extra se vio en un pago adicional de 13.681.500 pesos. Además, se arregló un pedido extra de un 20% del producto, al que se le volvió a aplicar el 30% de aumento. Ese pago fue de 4.200.000 pesos.

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La ministra de salud pidió la intervención de la justicia por las licitaciones a la firma MR Pharma S.A por 17.881.5000 pesos

Vizzotti además notifica a la Oficina Anticorrupción y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que realicen las acciones correspondientes. También a la firma para que sepa que será investigada por la justicia. El ministerio buscará recuperar los montos pagados de más.

Según la investigación interna realizada en el ministerio de Salud, la secretaría habría aprobado órdenes de compra no estipuladas en la licitación tomando informes realizados en períodos de tiempo que no correspondían a un proveedor, que además estaba incumpliendo el contrato por mora en las entregas.

La adjudicación original había sido otorgada por Jefatura de Gabinete, en ese entonces a cargo de Marcos Peña, y las renegociaciones solo la firma de la Secretaría de Salud y según la resolución eso viola “las normas vigentes” y atenta contra “los principios que rigen las contrataciones públicas y obligando al Estado al pago de $ 17.881.500 adicionales a las sumas aprobadas originalmente”.

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