En una resolución unánime, el Tribunal Oral Federal N° 7 condenó este martes al ex ministro de Planificación Julio De Vido a cuatro años de prisión por el delito de administración fraudulenta agravada en el marco de la causa relacionada con la adquisición de buques para transporte de gas natural licuado entre 2008 y 2009.
Además de la pena de prisión, los jueces dispusieron para De Vido la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, y la obligación de restituir al Estado la suma de 5.523.345 dólares.
El ex funcionario Roberto Baratta, quien ocupaba el cargo de subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, fue condenado como coautor a 3 años y 6 meses de prisión, también con inhabilitación. En tanto, el empresario Nicolás Dromi San Martino recibió una pena de 3 años en suspenso como partícipe necesario.
Los magistrados Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli integraron el tribunal que emitió el veredicto. Según fuentes judiciales, los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 28 de noviembre.
Contexto y antecedentes
- Esta decisión judicial corresponde a una causa que investiga el supuesto pago de sobreprecios en la compra de once buques de gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2009.
- En 2018, Julio De Vido ya había sido condenado por la tragedia ferroviaria de Once: en ese caso, el Tribunal Oral Federal 4 lo había sentenciado a 5 años y 8 meses de prisión por administración fraudulenta, aunque fue absuelto por el delito de estrago. En abril de 2025, la Cámara de Casación redujo esa condena a cuatro años.
- Durante su gestión como ministro entre 2003 y 2015, De Vido fue uno de los funcionarios más poderosos del kirchnerismo, responsable de múltiples obras de infraestructura y también objeto de numerosas causas judiciales ligadas a irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Repercusiones y perspectivas
La condena representa un nuevo capítulo en la saga judicial que acompaña la figura de Julio De Vido, quien ya ocupaba un lugar emblemático en las causas por corrupción en la Argentina.
Su defensa podrá apelar la sentencia ante instancias superiores, buscando eventualmente modificar la pena o su alcance.
