El Gobierno nacional suspendió las auditorías masivas a las pensiones no contributivas por invalidez laboral y derogó el controvertido baremo de discapacidad que había sido implementado en enero de 2025. La medida fue oficializada a través de la Resolución 1172/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y marca un giro en la política de control sobre este beneficio social.
La decisión se tomó tras detectar múltiples fallas en los criterios de evaluación contenidos en el baremo anterior, un instrumento técnico que establecía los parámetros para determinar el grado de invalidez y el acceso a la pensión. Según explicaron desde el Ejecutivo, ese baremo no se ajustaba a estándares internacionales y presentaba inconsistencias que podían derivar en exclusiones injustificadas.
Por qué se anuló el baremo anterior
El baremo de discapacidad fue uno de los ejes de la Resolución 187/2025, que preveía entrevistas presenciales, revisiones médicas y verificación de documentación para más de un millón de beneficiarios. Sin embargo, el procedimiento fue duramente cuestionado por organismos especializados, sectores sociales y referentes del ámbito de la salud, al considerar que los criterios eran arbitrarios y excluyentes.
Desde el Gobierno se justificó originalmente esta auditoría como una medida para combatir el fraude. Se detectaron casos de personas sin discapacidad certificada, documentación apócrifa e incluso detenidos que seguían cobrando el beneficio. No obstante, tras la polémica generada, el Ejecutivo admitió que el baremo debía ser reformulado.
Qué pasará con las pensiones por discapacidad
Con la anulación del baremo anterior, se trabajará ahora en un nuevo esquema de evaluación que contemple:
- Parámetros técnicos actualizados y claros.
- Referencias a normativas internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad.
- Garantías de acceso justo a las pensiones, sin discriminación.
La Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas será la encargada de elaborar esta nueva propuesta, que reemplazará el sistema anterior y establecerá un procedimiento más transparente para determinar la invalidez laboral.
Se espera que en las próximas semanas el Gobierno presente oficialmente el nuevo baremo y el procedimiento de revisión actualizado, con el compromiso de garantizar equidad y protección a quienes realmente necesitan esta asistencia.