En un contexto económico donde la inflación continúa afectando el poder adquisitivo de los argentinos, un reciente fallo judicial ha puesto en tela de juicio el mecanismo de actualización de las jubilaciones. La decisión podría tener implicancias significativas para miles de beneficiarios del sistema previsional.
Un fallo que marca un precedente en el sistema previsional
La Cámara Federal de Mar del Plata declaró inconstitucional el mecanismo de actualización de haberes establecido en la ley 27.609, aprobada en diciembre de 2020. Este fallo ordena recalcular la jubilación de una mujer que, al cobrar más que la jubilación mínima, no accedió a los bonos especiales dispuestos en los últimos períodos; utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2021 y marzo de 2024. Según el tribunal, durante ese período, los haberes registraron una pérdida de poder adquisitivo del 50,3%.
Los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza concluyeron que el artículo 1° de la ley 27.609 no puede ser aplicado en este caso, debido al impacto de la inflación sobre los ingresos de los jubilados. Aclararon que el nuevo cálculo solo se aplicará si representa una mejora para la beneficiaria, y que, en caso contrario, se mantendrá el ajuste basado en la fórmula original.
El impacto de los bonos y la exclusión de ciertos jubilados
El fallo también evaluó la política de otorgar bonos para reforzar los haberes mínimos. Señaló que estos subsidios no beneficiaron a todos los jubilados, en particular a aquellos que, como en el caso analizado, cobraban por encima del piso establecido para acceder a esas ayudas. De acuerdo con los registros de ANSES correspondientes a febrero de 2022, la jubilada no recibió ningún “Bono Refuerzo”, lo que reforzó el argumento de que su poder adquisitivo se deterioró de manera significativa.
Reconocimiento oficial de la pérdida del poder adquisitivo
Los magistrados incorporaron como antecedente el decreto 274, en el cual el actual Gobierno reconoció que la fórmula de movilidad vigente produjo una “notoria pérdida del poder adquisitivo” en jubilados y pensionados. El propio texto oficial admitió que la combinación entre inflación y la metodología de ajuste de haberes generó un “problema ineludible y urgente”. La Cámara subrayó que el reconocimiento oficial de los “resultados desastrosos” derivados de la fórmula de movilidad no fue acompañado por medidas que repararan el daño ya ocasionado en el poder de compra de los haberes.
Actualización de haberes en mayo
En mayo, los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán sus haberes con un aumento del 3,7%, en línea con la suba del nivel general de precios. El haber mínimo pasará a ser de $307.431,93, mientras que el máximo ascenderá a $1.995.041,46. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima. De esta manera, el ingreso total en mayo será de $366.481,75.
Este fallo judicial podría sentar un precedente importante en el sistema previsional argentino, abriendo la puerta a futuras revisiones y ajustes en los haberes jubilatorios para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los beneficiarios.
