Este lunes se cumple un año desde el asesinato de Fernando Baez Sosa a manos de un grupo de rugbiers, a la salida del boliche Le Brique de la ciudad balnearia de Villa Gesell. A doce meses de su partida, sus familiares siguen pidiendo justicia.
Fernando y sus amigos habían tenido un roce con los rugbiers dentro del boliche, aparentemente por la gran cantidad de personas que había dentro del local bailable. Ambos grupos fueron expulsados del lugar y, cuando el joven asesinado y sus compañeros estaban tomando un helado esperando a los demás, dos de los acusados, Enzo Comelli y Ciro Pertossi, los atacaron por la espalda.
Fernando fue golpeado hasta morir, mientras que otros de los rugbiers frenaban a sus amigos para que no pudieran ayudarlo, en un ataque que duró menos de un minuto. Lucas Pertossi, uno de los involucrados, filmó parte de la golpiza y luego cortó la grabación para sumarse. Según declararon vecinos de la ciudad de Zárate, donde vivían los atacantes, era usual que este grupo de personas soliese armar peleas en las discotecas de la zona.
Luego de la golpiza regresaron a la casa donde estaban alojados, donde una empleada los escuchó relatando lo ocurrido. Allí se limpiaron la sangre y a las 5.30 de la mañana se acercaron a un McDonalds, donde fueron captados por las cámaras de seguridad. Cinco horas más tarde, eran detenidos por la policía bonaerense.
Actualmente los detenidos en la causa son ocho: Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli y Blas Cinalli, que fueron a buscar a Fernando, lo golpearon y luego le dieron una patada que provocó su muerte casi inmediatamente, y Ayrton Michael Viollaz, Lucas Fidel Pertossi y Luciano Pertossi, quienes evitaron que los amigos del joven asesinado se acercasen a ayudarlo.
Juan Pablo Guarino y Alejo Milanesi no pudieron ser ubicados en la trama y fueron liberados por falta de mérito. En el caso de Guarino, tanto la fiscal como los abogados que representan a los padres de Fernando estuvieron de acuerdo con su sobreseimiento, no así en el caso de Milanesi. Según la querella, él tenía un rasguño en uno de sus brazos que podría ser de la pelea, y además fue identificado parcialmente en la rueda de reconocimiento.
Hay un onceavo rugbier, que actualmente no se encuentra imputado pero que podría haber participado del ataque. Se trata de un joven menor de edad que aparece junto al resto de los acusados en varias grabaciones de cámaras de seguridad, además de figurar en una foto grupal sacada minutos después del asesinato de Fernando.
Actualmente la investigación, a cargo de la fiscal Verónica Zamboni, se encuentra cerrada. El 17 de noviembre del año pasado Zamboni pidió que se eleve la causa a juicio oral. Los ocho rugbiers están imputados no solo por homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, que comprende la pena de prisión perpetua, sino también por las acusaciones de lesiones leves a los cinco amigos de Fernando.
El abogado de los rugbiers, Hugo Tomei, tiene hasta el 1 de febrero de este año para opinar sobre el caso, pudiendo pedir que vayan a juicio, que sean sobreseídos o que la causa quede nula, como hizo en febrero del año pasado. En ese momento, el letrado afirmó que hubo irregularidades en las indagatorias a sus defendidos el día después del asesinato. El pedido de nulidad fue rechazado por el juez, quien lo definió como un “artilugio para buscar, por una vía errónea por cierto, la libertad de sus defendidos”.
Luego de que la defensa de su palabra, el juez Mancinelli tiene cinco días para resolver, aunque cualquier decisión que tome puede llegar a ser revisada por la Cámara Penal de Dolores. Si los rugbiers son elevados a juicio, que es lo que se espera que ocurra, los acusados serán convocados a una audiencia oral por videoconferencia, donde podrán elegir si prefieren ser juzgados por un jurado popular de 12 ciudadanos, o por un tribunal de jueces.
Esta semana, Télam informó que la defensa optaría por un tribunal de jueces, ya que considera que no estará garantizada la imparcialidad del jurado popular. Sin embargo, el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, considera que podrían tomar la decisión opuesta.
“Los jurados se componen de doce miembros. Para que haya una condena se necesita que diez de esos doce miembros estén de acuerdo. Sin embargo, en los casos de condena a prisión perpetua es necesario que haya unanimidad. Entonces, con que uno de ellos quede convencido de que no corresponde la pena de prisión perpetua, ya no es perpetua. A lo mejor la defensa apela a algún argumento de tipo emotivo: ‘Que son chicos’, ‘Que tienen 19 o 20 años’ para así evitar los agravantes y llegar a un homicidio simple de 8 a 25 años”, explicó Escoda en diálogo con Infobae. Si no se alcanza la unanimidad para la prisión perpetua, pero si hay nueve votos para declararlos culpables, el juicio se deberá realizar de nuevo.
Los ocho detenidos presentaron un pedido de prisión domiciliaria, alegando que podían ser controlados por una pulsera electrónica. El juez Mancinelli pidió tres informes para tomar la decisión: uno sobre los domicilios, otro socioambiental sobre sus familias y un peritaje psicológico. Los primeros dos fueron favorables, pero el tercero todavía no se realizó por la pandemia. Se espera que este último se haga entre el 2 y el 11 de febrero, para que Mancinelli pueda decidir si esperan el juicio en la cárcel de Dolores o en sus casas.
Escoda planteó que no cree posible que les den prisión domiciliaria, ya que no cumplen con las condiciones que pide la Ley 24.660, que le da este beneficio a mayores de 70 años, mujeres embarazadas, madres de un menor de 5 años o discapacidad y enfermos terminales. “Tendría que haber circunstancias de excepción que convenzan al juez que no existe peligro de fuga, ni entorpecimiento de pruebas. Desde mi punto de vista, es difícil que les otorguen la domiciliaria”, explicó.
