Este 16 de abril se cumplen 35 años del ahora conocido como “levantamiento carapintada de Semana Santa ”.
A menos de cuatro años del fin de la dictadura en diciembre de 1983, un alzamiento carapintada amenazaba nuevamente la continuidad del proceso democrático, lo que puso en vilo a la sociedad, que en todo el país salió en masa a reclamar el cese del amotinamiento militar y a apoyar al gobierno radical de Raúl Alfonsín, que contó inmediatamente con el respaldo del peronismo, la CGT, las cámaras empresariales y la Iglesia.
Durante más de cien horas, los carapintadas tuvieron en vilo al país reclamando una “solución política” para cientos de citaciones judiciales contra oficiales por las graves violaciones a los derechos humanos.
También pedían el relevamiento de la entonces cúpula castrense porque, entre otras cosas, la hacían responsable de la rendición en la Guerra de Malvinas; además exigían el fin de la supuesta campaña de desprestigio militar que atribuían a los medios de comunicación, el incremento del presupuesto en materia de Defensa y que no fuera sancionado ninguno de los participantes en el alzamiento.
El inicio del conflicto tuvo origen dos días antes, cuando el entonces mayor de Inteligencia Ernesto ‘Nabo’ Barreiro, hoy condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, se negó a concurrir ante la Justicia Federal por cargos de torturas y asesinatos, y junto a otros 130 militares se amotinaron en el Comando de Infantería de Córdoba.
La sublevación carapintada se generalizó el 16 de abril de 1.987, cuando el levantamiento se extendió a otros cuarteles del país, siendo el epicentro la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, donde los alzados eran comandados por Aldo Rico junto a Enrique Venturino, Gustavo Breide Obeid y Juan José Gómez Centurión, exdirector de la Aduana durante la gestión de Mauricio Macri.
En aquella época, las revelaciones que surgían en los juicios sobre los delitos de lesa humanidad que se habían cometido en la dictadura cívico militar exponían también las responsabilidades de los cuadros medios de las Fuerzas Armadas en el terrorismo de Estado, y el alzamiento carapintada buscaba frenar ese proceso.
La amenaza al orden institucional que implicaba el desafío con armas en la mano a la autoridad del Presidente elegido en las urnas zanjó cualquier diferencia política entre los dos principales partidos, el radicalismo en el Gobierno y el peronismo en la oposición, cuyos principales dirigentes se mostraron juntos y acompañaron al Presidente en la defensa de la continuidad democrática.
Esa postura conjunta quedó reflejada en la llegada a la Casa Rosada, en medio del alzamiento, de diputados y dirigentes encumbrados del PJ, como Antonio Cafiero, José Luis Manzano, Carlos Grosso, Oraldo Britos y José Manuel De la Sota, quienes se mostraron junto a Alfonsín.
En ese contexto, hubo una movilización popular espontánea en diferentes puntos del país, con un fuerte epicentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hubo marchas multitudinarias en el Congreso y Plaza de Mayo.
En una vigilia histórica, se realizó un recital con artistas como Joan Manuel Serrat, Alberto Cortés, Piero, Nito Mestre, Mercedes Sosa, Antonio Tarragó Ross, Jairo y Osvaldo Pugliese.
La movilización popular en defensa de la democracia incluyó el intento de grupos de manifestantes de ingresar por la fuerza a la guarnición militar de Campo de Mayo, donde estaba Rico con el contingente de carapintadas, pero esa intención fue frenada por Alfonsín para evitar un derramamiento de sangre.
Desde las puertas de Campo de Mayo, los manifestantes cantaban: “Si se atreven, les quemamos los cuarteles”.
Con el apoyo popular y el amplio respaldo político y sindical, liderado por el cervecero Saúl Ubaldini y el metalúrgico Lorenzo Miguel, también empresarial y eclesiástico, Alfonsín participó de una Asamblea Legislativa que contó además con el aval de una multitudinaria marcha que colmó las zonas aledañas del Parlamento, donde aseguran fuentes de la época que hubo alrededor de 300.000 personas.
Allí, el Presidente aseguró que “la democracia no se negocia” y llamó a “doblegar el brazo de los golpistas”.
En ese momento se conformó de urgencia un Comité de crisis, que funcionó en la Casa Rosada y se reunía en la oficina del secretario de la Presidencia, Carlos Becerra, en Casa Rosada, con la participación del ministro de Defensa, Horacio Jaunarena; el jefe de la bancada de la UCR en Diputados, César Jaroslavsky; y los dirigentes radicales de ‘la Coordinadora’ Federico Storani, Marcelo Stubrin, Leopoldo Moreau, Enrique Nosiglia y Jesús Rodríguez, entre otros.
Aquel Viernes Santo y el Sábado de Gloria transcurrieron bajo una tensión extrema porque la resolución se demoraba, el alzamiento carapintada continuaba, los ánimos de la sociedad se endurecían y multitudes anunciaban su intención de movilizarse masivamente hacia Campo de Mayo.
En paralelo, por la demora y la lentitud para acatar órdenes del poder civil, quedaba plasmado cada vez con mayor evidencia que entre las Fuerzas Armadas que se mantenían leales a las instituciones no había demasiada disposición para reprimir a los sublevados.
La orden clara del Gobierno nacional, enviada al general Ernesto Alais, era intervenir con su tropa y tanques desde el comando de Rosario hasta que los sublevados depusieran su actitud.
Alais, quien luego fue juzgado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, partió desde Rosario con una columna de tanques, pero nunca llegó a Campo de Mayo.
En ese contexto, la resolución del primero de los cuatro levantamientos carapintadas que paralizaron al país entre 1987 y 1990, llegó el domingo de Pascuas cuando Alfonsín viajó hacia Campo de Mayo para exigir la rendición de los sublevados luego de haber firmado entre todos los dirigentes de los partidos políticos un Acta de Compromiso Democrático en la Casa de Gobierno.
Ante una multitud en la Plaza de Mayo, Alfonsín anunció su traslado a Campo de Mayo para reunirse con los rebeldes, que exigían su presencia para rendirse, lo que provocó que vecinos de la dependencia militar y militantes políticos entraran por las inmediaciones del cuartel y se acercaran a metros de los carapintadas.
En la reconstrucción de aquel momento suele recordarse que los dirigentes del Gobierno pedían por megáfono a la gente que se retirara porque existía el riesgo cierto de que los carapintadas dispararan y se produjera una matanza.
Los sublevados, finalmente, se rindieron ante el Presidente y a las 18.07 de ese domingo el jefe de Estado aseguró desde el balcón de la Casa de Gobierno: “Compatriotas, Felices Pascuas. Hoy podemos todos dar gracias a Dios porque la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina“, anunció Alfonsín, acompañado por dirigentes de la oposición.
En ese momento no imaginaba que esa frase se convertiría en una de las expresiones más representativas de su Gobierno.
En retrospectiva, el desenlace del alzamiento carapintada de Semana Santa constituyó el inicio del proceso de sanción de las llamadas ‘leyes de impunidad‘, por la aprobación en el Parlamento de las leyes de Punto Final (ley 23.492) y Obediencia Debida (ley 23.521), esta última promulgada el 4 de junio de 1987, que impidieron el juzgamiento o la ejecución de las condenas contra autores de crímenes de lesa humanidad hasta que, 16 años después, fueron derogadas por el Congreso en 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner.
