La Provincia de Buenos Aires se encuentra en alerta ante la posible sanción de la controvertida ley ómnibus propuesta por el presidente Javier Milei. La Asesoría General de Gobierno (AGG) liderada por Santiago Pérez Teruel se muestra cautelosa, considerando acciones judiciales en caso de que la norma libertaria tenga consecuencias negativas.
Los ejes de preocupación se centran en las “infundadas” facultades delegadas por Milei, vistas como un riesgo para la institucionalidad, y la posibilidad de privatización de empresas estatales, incluyendo Ferrocarriles Argentinos y Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) que proveen servicios al conurbano.
Santiago Pérez Teruel, asesor general de la provincia, se mantiene en sintonía con la visión del gobernador Axel Kicillof sobre las políticas del Gobierno Nacional. Considera que cualquier medida resultará negativa para los bonaerenses y evalúa presentar una acción ante la Corte Suprema, argumentando inconstitucionalidad.
La AGG sostiene que las delegaciones propuestas por la ley exceden las facultades presidenciales, poniendo en peligro el federalismo. Aunque aún no se han definido los detalles de la presentación legal, Pérez Teruel, de confianza cercana a Kicillof, podría desempeñar un papel clave.
Además, se destaca la dificultad de la provincia para abordar los problemas generados por la política macroeconómica de Milei. Desde distintos sectores, incluyendo Unión por la Patria, se ha señalado la inconstitucionalidad de la ley, preocupando a la AGG sobre la posible interferencia de Milei en decisiones del Congreso.
El riesgo de privatización afectaría a empresas como AYSA y los ferrocarriles, generando preocupación sobre el acceso a servicios esenciales y tarifas de transporte. La provincia evalúa la posibilidad de acciones legales para proteger sus intereses y asegurar el cumplimiento de sus funciones en la gestión de recursos estratégicos como la energía y el agua.
