Los investigadores de la masacre de San Miguel del Monte comenzaron a revisar 16 teléfonos celulares secuestrados a las víctimas y a los policías bonaerenses que persiguieron y dispararon al Fiat 147 en el que viajaban cuatro adolescentes de 13 y 14 años y un joven de 22.
Además, el fiscal Lisandro Damonte envió oficios a las empresas controlantes de las redes sociales Facebook e Instagram para que remitan toda la información de los perfiles de las víctimas y de los 12 policías acusados por la masacre.
Pasadas dos semanas del hecho, los investigadores esperan encontrar en los teléfonos algún elemento que permita establecer el motivo que llevó a los efectivos de la comisaría de San Miguel del Monte a perseguir en el barrio Montemar al vehículo conducido por Aníbal Suárez, de 22 años, que iba acompañado por cuatro menores, compañeros de segundo año del Colegio Nacional de esa ciudad.
Entre los teléfonos que comenzaron a ser revisados por los técnicos de la Procuración General bonaerense figuran los celulares de al menos tres de las víctimas, de los cuatro policías acusados de disparar y del resto de los uniformados imputados por su presunta participación en una serie de maniobras de encubrimiento para ocultar los tiros y hacer pasar como un accidente de tránsito un hecho que en realidad fue un cuádruple homicidio.
Ante la confirmación de que el celular de Camila López, una de las víctimas, dejó de tener actividad el día de la masacre, los investigadores cancelaron la búsqueda del aparato de la adolescente. Danilo Sansone, otra de las víctimas, no tenía celular, y los teléfonos de Suárez y de Gonzalo Domínguez ya fueron entregados a la Justicia.
No obstante, la atención de los investigadores estaría enfocada en los celulares de los policías, especialmente en el tráfico de comunicaciones previas y posteriores a la 1 del 20 de mayo pasado.
Los peritos intentarán obtener el contenido de los mensajes que a través de diversas aplicaciones y redes sociales intercambiaron los policías antes y después del hecho.
Los peritajes comenzaron el jueves pasado en la sede de la Policía Judicial, que depende de la Procuración, en La Plata.
