El viernes, ante un pedido de postergación, Ramos Padilla ya había advertido que iba a declarar en rebeldía al fiscal si faltaba una vez más.
Ayer, la defensa de Stornelli reclamó “la nulidad de los decretos mediante los cuales se me convocara a prestar declaración indagatoria, inclusive el último que fijara audiencia para el 26 de marzo próximo”. Según planteó Ribas, “dichos actos procesales acarrean una flagrante violación a la defensa en juicio, al debido proceso y, por sobre todas las cosas, una intromisión en lo que se refiere a las facultades propias que le corresponden a otro poder (artículo 120 CN) puntualmente al Ministerio Público”.
“Pretende V.S., sin más y en atropello a las garantías constitucionales que me amparan a esta parte, ser en un mismo caso, acusador y juzgador. Por otro lado, y a mayor abundamiento, no se encuentra precedido el último llamado a indagatoria de una debida atención a los planteos formulados por esta parte y que el juez, dilatoriamente se empeña en no abordar. Planteos estos que no resultan irrelevantes puesto que ponen en crisis la condición de juez natural en el proceso y la validez de lo actuado a mi respecto”, señaló el abogado Ribas.
La defensa recordó que “la incompetencia y la nulidad registran llamativa mora en resolverse” mientras que “la segunda recusación no encuentra aún sustanciación”. Pese a eso, dijo Ribas, “el juez insiste en proseguir oficiosamente la acción penal en contra de mi asistido, pretendiendo su comparecencia para declarar en indagatoria”.
“Todos estos planteos irresueltos ponen en crisis a V.S. como juez natural del proceso, lo cual, de no encontrar respuesta y proseguir actuando de la manera en que lo hace, no puede sino acarrear un total avasallamiento de las garantías procesales que asisten a esta parte”, advirtió.
Ribas afirmó que “la prosecución de manera oficiosa por parte de V.S., sin contar con la excitación de la acción penal en legal forma, torna a todas luces desajustada a derecho no solo la convocatoria sino también cuanto se pudiera haber actuado en orden a dichos hechos. Todos estos acontecimientos afectan, en simultáneo, la garantía del debido proceso, al vulnerar el principio procesal de congruencia, lo que también conlleva a la clara y efectiva afectación de las garantías de la defensa en juicio”.
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