El Tribunal Federal N° 1 de Mar del Plata ha condenado a Marcelo Leonardo, María Natalia, María Eugenia y Ana María Save, hijos del genocida Miguel Save, por el delito de lavado de activos. Cada uno de ellos deberá pagar más de 10 millones de pesos. Además, se ordenó el decomiso de los inmuebles ubicados en Chascomús, los cuales serán entregados a la Provincia de Buenos Aires para la realización de actividades vinculadas a la memoria sobre el terrorismo de Estado.
Detalles del caso
El juez Roberto Falcone determinó el decomiso de los terrenos, estableciendo que la Provincia de Buenos Aires lleve a cabo allí tareas relacionadas con la memoria del terrorismo de Estado.
Miguel Save, integrante de la “Patota de Aníbal Gordon”, participó en el secuestro y la apropiación de bienes del militante uruguayo Alberto Mechoso Méndez en 1976.
El grupo paramilitar robó alrededor de 2 millones de dólares, parte de los cuales se utilizaron para comprar terrenos en Chascomús con la intención de desarrollar un proyecto inmobiliario que nunca se concretó.
Declaraciones oficiales
Matías Moreno, Subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, destacó el trabajo realizado por la querella de la Subsecretaría en este primer juicio por lavado de activos relacionado con delitos de lesa humanidad.
“Es muy importante la cesión de estos terrenos a la Provincia para realizar tareas vinculadas a la Memoria”, afirmó Moreno, subrayando el compromiso del gobernador Axel Kicillof con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia desde diciembre de 2019.
Historia del fraude
El represor Miguel Save, quien operaba en el centro clandestino “Automotores Orletti”, compró los terrenos en Chascomús con el dinero robado a Mechoso.
Tras su muerte en 2006, sus hijos continuaron con la tarea de escriturar las parcelas, utilizando apoderados y nombres falsos.
Finalmente, en 2008 lograron poner los terrenos a su nombre. La justicia ha decidido ahora que estos terrenos quedarán en manos de la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial.
El juez Falcone subrayó la naturaleza permanente del delito de lavado de dinero al leer el veredicto.
Esta sentencia marca un precedente importante en la lucha contra los crímenes de lesa humanidad y el lavado de activos, asegurando que los bienes adquiridos ilegalmente sean utilizados para mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado.
