El fiscal Carlos Fel Rolero Santurian, después de recibir varias denuncias por este tipo de medidas de fuerzas, analizó las tomas como la posibilidad de un “delito de usurpación” y advirtió que los padres podrían tener una responsabilidad penal por la toma de los colegios en contra de la reforma educativa que el Ejecutivo busca impulsar a partir del 2018.
En declaraciones radiales, el fiscal explicó que ya se encuentra investigando las toma como la posibilidad de un delito de “usurpación”. En este sentido, remarcó que “la responsabilidad es de los adultos”.
El fiscal se encuentra trabajando en varias denuncias y contó que tratan de identificar quiénes son los alumnos que llevan a delante estas medidas de fuerza.
Por su parte, el ministro de Justicia, Germán Garavano, repudió la ocupación de colegios porteños y señaló que la medida de fuerza es “ilegal”. “Es una ilegalidad, algo que repudio. Hay otras maneras de manifestar una protesta y generar caminos de diálogo. La toma de los alumnos, la pérdida de días de clases, no es el camino, porque perjudica a miles de compañeros”, indicó el ministro.
