En un reciente fallo dictado en el marco de un juicio abreviado realizado en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, una dolorense que revestía el cargo de cajera y tesorera del Banco Nación sucursal Santa Teresita, fue encontrada culpable del delito de “sustracción de caudales públicos” (peculado).
En la investigación del caso intervino el Juzgado Federal de Dolores, siendo procesados además de la cajera, el gerente y la contadora de la sucursal, estos últimos por haber “facilitado por imprudencia, negligencia o inobservancia la sustracción de bienes bajo su custodia”.
El hecho por el cual fue juzgada, ocurrió el 18 de septiembre de 2014, cuando de la cuenta de la firma “Hakim Hermanos SRL” la imputada extrajo 410 mil pesos, debiendo en noviembre de ese mismo año el Banco cubrir ese faltante.
El gerente y la contadora al analizar las transacciones bancarias de esa fecha, advirtieron que la extracción de dicha suma había sido realizada por la Tesorera, que el ticket-comprobante no contaba con la firma del titular de la cuenta, que el mismo decía “aplicado al pago de AFIP y REC”, sin embargo no se hallaron los respaldos documentales correspondientes en las cuentas de Recaudaciones o de la AFIP.
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Hallándose la tesorera de licencia las autoridades del Banco se contactaron con el titular de la cuenta, quien les manifestó que aquella se había comunicado con él y le había dicho que tenía un problema, que se había confundido con la remesa y que tenía que hacerle ese débito.
En razón de ello la Entidad inició el correspondiente sumario administrativo, se hizo constar el faltante de dinero en esa cuenta, disponiendo el Banco reintegrar la suma extraída.
Durante la investigación la procesada dijo que le había explicado al gerente del Banco, que “el dinero se lo había pedido prestado al cliente dado que un familiar debía cerrar una operación inmobiliaria”. Que “a ella le faltaron los $410.000 pero no sabe de qué manera, que ella no robó nada, que de alguna manera lo iba a devolver”.
En el juicio abreviado quedó acreditado que la extracción de dinero existió, ya que en ningún momento se autorizó, consintió ni justificó dicha operación.
El Juez Roberto Falcone encontró a la imputada, de 46 años, vecina de Dolores, responsable del “delito de sustracción de caudales públicos (peculado)”, y le impuso la pena de “dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos”, teniendo en cuenta para ello que no tenía antecedentes penales y el buen concepto que registra en vecinos y compañeros de trabajo.
En cuanto a los otros funcionarios jerárquicos del Banco y también procesados, el juez decidió sobreseer a ambos en razón de no haber encontrado responsabilidad penal en lo ocurrido.
